Este año se cumplen ochenta años desde que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (FMI y BM) diseñaran y mantuvieran conjuntamente un sistema financiero mundial que se nutre del dominio de la deuda por parte de los países ricos, liderados por el G7, y de la explotación y extracción sistémicas de los pueblos y recursos del Sur Global. Esta explotación continúa teniendo efectos devastadores, especialmente sobre las mujeres, trabajadoras y trabajadores y pueblos indígenas, poniendo en peligro los medios de subsistencia y agravando la desigualdad dentro y entre las naciones.
Nos solidarizamos con quienes han sufrido el impacto y las consecuencias de estos 80 años de miseria, devastación y deuda, y con las luchas que siguen librando en todo el mundo para detener el daño, garantizar la justicia y lograr una auténtica reparación.
El FMI y el BM han fallado a la hora de reconocer la naturaleza sistémica de la crisis de la deuda, centrándose en su lugar en proteger los mercados financieros y los beneficios de los acreedores, principalmente en el Norte Global. Este fracaso para abordar la realidad crítica de la subyugación de
la deuda ha conducido a una flagrante violación de los derechos y el bienestar de los pueblos y el planeta, haciendo que el desarrollo sostenible y la acción climática en el Sur Global sean prácticamente imposibles y perpetuando los legados coloniales.
A pesar de la preocupación proclamada por el FMI y el BM por el desarrollo y la erradicación de la pobreza, las políticas de préstamo, los ajustes estructurales y las condicionalidades de los préstamos que imponen en el Sur Global han construido un sistema de endeudamiento perpetuo que alimenta la concentración de beneficios en un puñado de actores financieros y corporativos del Norte Global.
La deuda pública del Sur sigue aumentando a medida que el FMI y el BM promueven la creación de deuda, el mercado, el privilegio del sector privado y la financiarización de la economía mundial, que han demostrado ser perjudiciales, cortoplacistas y contraproducentes. Han permitido préstamos ilegítimos agresivos a regímenes corruptos, antidemocráticos y represivos, y financiar proyectos cuestionables que han infligido violaciones de los derechos de las personas y degradación del medio ambiente. Las personas perjudicadas por estas deudas ilegítimas son también las que soportan la carga de pagarlas.
En 2024, se espera que los prestamistas internacionales drenen 487.000 millones de dólares de los gobiernos del Sur Global, el pago del servicio de la deuda externa más alto registrado hasta la fecha. Es reprochable que la mayor parte de estos pagos vayan a parar a prestamistas privados del Norte que obtienen enormes beneficios de países con problemas de sobreendeudamiento con tipos de interés más elevados. Otros prestamistas, incluidas las instituciones financieras internacionales y los gobiernos ricos del Norte, también exigen pagos sustanciales de la deuda. Los sobrecargos del FMI, que se añaden al servicio de la deuda, exacerban la carga de los países que más asistencia financiera necesitan.
La carga de una deuda insostenible e ilegítima impide un desarrollo de base amplia, profundiza la pobreza y la desigualdad y socava la soberanía. Como parte de las condicionalidades para acceder al crédito o a las medidas de alivio de la deuda, el FMI y el BM siguen imponiendo medidas de austeridad y otras políticas que ahora están arraigadas en los países prestatarios. Millones de personas viven ahora en países donde los gobiernos gastan más en el pago del servicio de la deuda que en derechos y servicios esenciales. La salud, la educación, la protección social universal, la energía, el acceso al agua, los cuidados y otros servicios públicos se recortan dando prioridad a los intereses de los prestamistas.
Las mujeres, la población trabajadora y las comunidades marginadas se llevan la peor parte de estas políticas. Las naciones soberanas se ven obligadas a ceder su autodeterminación para satisfacer las interminables exigencias de los prestamistas. En flagrante violación del derecho internacional, se cede el control sobre los recursos naturales, incluidos los combustibles fósiles, para extraer beneficios y pagar las deudas, incluso a costa de la convulsión social, la degradación medioambiental y el aumento de la vulnerabilidad ante la crisis climática. Estos impactos han agravado la desigualdad y la capacidad de los procesos e instituciones democráticos para desafiar la impunidad de un puñado de individuos que poseen más riqueza y poder que miles de millones de personas.
Los responsables históricos de la crisis climática siguen negando su obligación de reparar a las personas del Sur Global que menos han contribuido y favorecido a la crisis. En lugar de pagar la parte que les corresponde para cubrir la enorme necesidad de financiamiento climático para hacer frente a la intensificación de la emergencia climática, utilizan al FMI y al BM como instrumentos para incumplir sus obligaciones de proporcionar financiamiento climática público, que no genere deuda, libre de condiciones y que sea adecuado.
El Norte Global y las instituciones financieras que controlan están impulsando más préstamos y esquemas de inversión que ofrecen más oportunidades para que el sector privado obtenga más beneficios. Más del 70% de los fondos etiquetados como financiamiento climático se proporcionan actualmente en forma de préstamos, empujando a los países sobreendeudados a una crisis financiera más profunda y encerrando a muchas comunidades en la producción continua de combustibles fósiles y la explotación de recursos. El Banco Mundial agrava esta crisis al impulsar programas climáticos con fines lucrativos y generadores de deuda que dejan a los países en desarrollo luchando por pagar los préstamos en lugar de centrarse en proteger a su población y su medio ambiente.
A pesar de que el FMI y el BM llevan 80 años fracasando en su intento de lograr un financiamiento adecuado, equitativo y sostenible para el desarrollo, los países que controlan el FMI y BM están utilizando ahora estas instituciones financieras para eludir su responsabilidad de proporcionar financiamiento climático público y que no genere de deuda, mediante la creación de mecanismos de préstamo como el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI.
Aquellos países, pueblos y ecosistemas que han resultado más vulnerables, siguen viéndose obligados a pagar por una crisis que ellos no crearon. No debemos olvidar que el Norte Global insistió en que el BM desempeñara un papel importante en el Fondo de Pérdidas y Daños y en el Fondo Verde para el Clima, con el objetivo de garantizar el control del Norte sobre estos fondos y que su funcionamiento fuera similar al del Banco Mundial. Sin embargo, no tuvieron éxito ante el rechazo de gobiernos del Sur Global y organizaciones de la sociedad civil. Debemos permanecer siempre vigilantes y seguir haciendo campaña para liberar estos fondos de financiamiento climático de la influencia del BM.
Reiteramos los reclamos, las demandas y las acciones de personas y comunidades de todo el mundo para poner fin a la dominación de la deuda y otorgar reparaciones genuinas a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por el sistema de deuda perpetua y las políticas y programas dañinos que han sido y continúan siendo promovidos.
Además, exigimos una acción inmediata y de largo alcance por parte de los pueblos y gobiernos tanto del Sur como del Norte para avanzar en la justicia de la deuda, económica y ecológica.
¡El momento de la justicia de la deuda es ahora! Debemos desmantelar las estructuras de explotación engendradas en el sistema financiero mundial y construir un futuro justo, equitativo y sostenible para todos y todas.