La globalización ha facilitado la propagación de la COVID-19 en todo el mundo. A nivel internacional, los líderes han reaccionado de diversas maneras. Las medidas generales para detener la propagación del virus son claras: lavado constante de manos, distanciamiento social, suspensión de actividades y restricciones a la libre circulación. Sin embargo, las medidas para prevenir y mitigar el impacto social y económico de la COVID-19 no se han definido con claridad, y estas incertidumbres están afectando gravemente a una parte muy importante de la población mundial que vive en condiciones vulnerables.
¿Cómo se vive esta crisis multidimensional entre los pueblos de América Latina y el Caribe?
Se produjo un intento de fuga en la cárcel La Modelo de Bogotá. Algunos medios informan que se debió al temor al contagio del virus, dadas las condiciones en las que viven los reclusos. Varias personas fallecieron y hay heridos graves. ¿Son las primeras víctimas indirectas de la pandemia?
En Bolivia, se han registrado cientos de arrestos de personas que no han acatado la cuarentena. Panamá paralizó su aeropuerto con la suspensión de llegadas y salidas de vuelos, al ser el país con el mayor número de casos confirmados. Posteriormente, Guatemala anunció un toque de queda, aunque luego se informó que la población “ignora” esta medida impuesta por las autoridades. En Perú, se han establecido puestos de control militar, y en Brasil, la enfermedad ya está presente en sus 27 estados, mientras que el presidente ha suspendido las medidas de aislamiento social.
En Ecuador se implementó el aislamiento obligatorio. Sin embargo, no se ha observado una estrategia de respuesta para contrarrestar la precariedad del sistema de salud debido a la falta de asignación presupuestaria a los sistemas de protección y la inestabilidad del ejecutivo con los continuos cambios de ministros, lo que ha impactado negativamente en las políticas de salud, la erradicación de la violencia y la atención a los grupos prioritarios.
En México, la gente sufre escasez de agua para cumplir con las recomendaciones más básicas contra la pandemia, como se puede observar en los asentamientos populares del Área Metropolitana de México.
El Valle de México, con más de 20 millones de habitantes, y estados como Oaxaca, donde se exige desde hace años el cumplimiento del derecho de acceso, se ven acentuados por la urgencia de una protección efectiva para las mujeres. Además, en un país donde 11 mujeres son asesinadas diariamente, el aislamiento social que sufren las mujeres junto a sus agresores incrementa el riesgo de mortalidad a niveles superiores a los que podría causar el virus.
En Paraguay, se ha decretado una emergencia sanitaria y se ha restringido la libre circulación durante todo el día. Esto ha generado angustia, ansiedad y desconcierto en gran parte de la población, principalmente porque no se están adoptando medidas de protección para quienes dependen de sus ingresos diarios. Además, varias zonas de la capital y del interior del país cuentan con un servicio intermitente de agua potable, lo que constituye una violación total de las medidas de higiene sanitaria.
Colombia sufre una situación similar. La comunidad de El Faro, en Medellín, ha exigido el cumplimiento del derecho humano al saneamiento para afrontar la contingencia, denunciando la precariedad con la que la población ha tenido que sobrevivir y subrayando que, a pesar de los protocolos necesarios y comprensibles, es imposible cumplirlos sin poner en riesgo la vida de sus habitantes. “La gente prefiere morir por el virus que de hambre”, afirman en esta comunidad.
Las organizaciones feministas en Argentina han enfatizado que la crisis sanitaria es una crisis de cuidados. En el país, las mujeres dedican aproximadamente 6 horas al trabajo de cuidados, y estudios han revelado que las irregularidades en los horarios laborales debido al aislamiento aumentan la carga de trabajo no remunerado de las mujeres.
La crisis de la COVID-19 ha puesto al descubierto otras crisis que han sido injustamente ignoradas durante mucho tiempo, ya que América Latina y el Caribe (ALC) sufren un problema que agrava la situación y las consecuencias del virus: ser la región con el índice de desigualdad más alto del mundo.
El nuevo coronavirus llegó tarde a la región, en comparación con otras zonas geográficas, por lo que se prevé que los picos de contagio se produzcan en las próximas semanas. Los expertos han manifestado su preocupación por la capacidad de los sistemas de salud y protección social de los países latinoamericanos y caribeños, así como por la rápida propagación del virus en poblaciones vulnerables.
Estas preocupaciones se basan en el hecho de que América Latina y el Caribe dedica menos recursos a la salud pública que otras regiones: tres veces menos en promedio que la Unión Europea, y sus sistemas de salud pública se han ido deteriorando tras décadas de austeridad impuestas por organizaciones internacionales.
A pesar de que los gobiernos locales y nacionales han comenzado a implementar algunas medidas de mitigación, existen omisiones graves y peligrosas. Quienes viven del trabajo informal, tienen empleos precarios, carecen de vivienda adecuada, sufren violencia doméstica y son discriminados por género, origen étnico o raza no han sido debidamente considerados en las medidas de apoyo que los gobiernos han dictado.
La CEPAL informó la semana pasada que, ante la crisis de la COVID-19, América Latina y el Caribe corre el riesgo de sufrir una contracción del PIB de -1,81 TP3T y un aumento de la tasa de desempleo de 101 TP3T, además de que el número de personas en situación de pobreza podría pasar de 185 a 220 millones. Asimismo, debemos tener en cuenta que 7 de cada 10 personas en situación de pobreza son mujeres, por lo que esta situación las afectará con mayor gravedad. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de esta organización, subraya lo siguiente:
“Cuanto más desigual es un país, más difícil resulta para los grupos más vulnerables soportar el peso del impacto económico de la pandemia, ya que disponen de menos recursos para combatirla.”
Las personas que viven en asentamientos populares son muy vulnerables a los desahucios por parte de particulares, viéndose obligadas a suspender el pago de créditos y préstamos por falta de ingresos. Asimismo, los colectivos sin hogar o refugio tienen mayor probabilidad de ser víctimas del virus debido a la falta de higiene y servicios sanitarios, así como a la insuficiencia de capacidad de las cárceles para hacer frente a la crisis.
Por todo lo anterior, es urgente que los gobiernos tomen medidas para:
● Suspender los cortes en los servicios de agua y electricidad en los hogares para garantizar las medidas de higiene.
● Garantizar el acceso a los servicios básicos de salud.
● Garantizar vivienda y condiciones adecuadas en el hogar a las comunidades de asentamientos informales, evitando los desalojos por falta de pago.
● Garantizar mecanismos de protección eficaces para las mujeres en riesgo de sufrir violencia doméstica.
● Garantizar un ingreso básico que permita satisfacer las necesidades más urgentes de alimentación, vestimenta y atención médica de las familias en situación de pobreza.
Es hora de exigir solidaridad a todos los sectores sociales y asumir el papel que el Estado debe desempeñar para garantizar los Derechos Humanos, especialmente a las familias y personas más vulnerables. Estos derechos son exigibles, y eso es lo que reclamamos, no solo ante contingencias, sino también ante una deuda histórica que hoy se hace evidente y urgente de saldar.
“La verdadera enfermedad no es el virus.
pero un sistema que nos ha negado nuestros derechos fundamentales.”
Elemento Ilegal
El Faro, Medellín, Colombia.