hacia una plataforma común para la acción
Unidos para luchar contra la desigualdad
Fight Inequality Alliance es un movimiento global en constante crecimiento que se organiza y moviliza para contrarrestar la excesiva concentración de poder y riqueza en manos de una pequeña élite. Estamos construyendo un mundo justo, igualitario y sostenible.
Esta visión se desarrolló de forma colectiva para establecer un análisis y un enfoque comunes para nuestro trabajo global. Es una guía y un recurso, no una imposición: el trabajo de los miembros de la alianza se fundamenta, con razón, en sus propios contextos geográficos y sectoriales, y esta visión seguirá adaptándose a medida que la alianza crezca.
cómo llegamos aquí
Durante siglos, demasiadas personas han vivido y muerto en la pobreza, marginadas de la sociedad, privadas de dignidad y oportunidades por ser mujeres, haber nacido en la pobreza o sufrir discriminación por su casta, raza, orientación sexual, pertenencia a un grupo indígena o religión. Hoy en día, estas desigualdades ancestrales se han afianzado aún más debido a la extrema concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite.
Esto no es casualidad.
La colusión entre las élites políticas y económicas ha socavado la democracia y creado sistemas económicos basados en una fe ciega en los mercados y el dinero, llevada al extremo de provocar una explosión de desigualdad en los últimos 30 años. Esta ideología impulsó una carrera a la baja en los salarios, mientras que el número de multimillonarios seguía aumentando. Otorgó un poder de influencia sin precedentes a las multinacionales, erosionando al mismo tiempo el Estado y la regulación necesaria. Creó una compleja red de paraísos fiscales secretos, impulsó la privatización de servicios públicos vitales y negó a las comunidades el control sobre los recursos naturales que necesitan para vivir dignamente.
La desigualdad tiene raíces profundas. La desigualdad de género persiste universalmente y se ve aún más arraigada por la concentración de poder y riqueza. Las mujeres la experimentan en ciudades y zonas rurales, en la educación, en trabajos bien y mal remunerados, en el matrimonio y la familia, y en la exposición a la violencia sin control, con consecuencias que se sienten profundamente y que, lamentablemente, se aceptan como normales.
Los sistemas de opresión han adoptado diversas formas a lo largo de la historia. Sin embargo, en el pasado, la gente ha forjado amplias alianzas y ha triunfado: contra la esclavitud, el colonialismo, el apartheid y en defensa de los derechos LGBTQI+, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales. Los poderosos siempre se han adaptado, creando nuevos sistemas de opresión en respuesta. Hemos llegado a tales extremos que se necesita nuevamente un cambio sistémico de esa magnitud.
nuestros valores
Cómo nos organizamos
Siete compromisos que dan forma al funcionamiento de la alianza, tanto entre sus miembros como con todos aquellos con quienes colaboramos.
01
Somos inclusivos y respetuosos con todos, independientemente de su raza, género, edad, religión, identidad sexual, clase social, casta, discapacidad, origen étnico o ubicación geográfica.
02
Construimos colectivamente un movimiento de masas que lucha contra la desigualdad y que involucra a una amplia y diversa gama de organizaciones e individuos.
03
Utilizamos un enfoque feminista e interseccional para nuestra organización y construcción de movimientos.
04
Actuamos con solidaridad y en comunidad, tanto a nivel nacional como regional, y colaboramos a nivel global en nuestra agenda común.
05
Damos prioridad al liderazgo de quienes están en la primera línea de la desigualdad —mujeres, jóvenes, movimientos sociales— en la construcción de nuestros movimientos.
06
Tomamos decisiones por consenso a nivel nacional, regional y mundial, con una amplia consulta a nuestros miembros.
07
Nuestro enfoque es no violento.
nuestras demandas
Hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que:
Diez demandas, elaboradas colectivamente en el seno de la alianza. Abre cada una para leer el análisis que la respalda.
La desigualdad está fuera de control. En 2015, el 11% más rico de la población mundial poseía más riqueza que el resto del mundo, y más de 700 millones de personas vivían en la pobreza extrema. Esta brecha se ha ampliado a una velocidad alarmante en los últimos 30 años, y las mujeres y los grupos excluidos son los más afectados. El cambio climático agrava aún más esta desigualdad, ya que quienes menos contribuyeron pagan el precio más alto.
Reducir drásticamente la desigualdad beneficiaría a toda la humanidad. La desigualdad económica extrema corrompe la política, limita la libertad de prensa, frena el crecimiento económico y limita la movilidad social. Alimenta la delincuencia y los conflictos violentos, y obstaculiza la lucha contra la pobreza. El cambio solo se producirá si los gobiernos toman medidas deliberadas para redistribuir la riqueza antes de que la desigualdad alcance un punto de no retorno.
Hacemos un llamamiento a favor de planes nacionales para reducir la desigualdad extrema, así como a la formulación de políticas sociales y económicas que tengan en cuenta el impacto en la desigualdad.
El pensamiento económico y político sigue dominado por una ideología fundamentalista de mercado que insiste en que la desregulación, la privatización y un mercado libre de intervención gubernamental son el único camino hacia la prosperidad compartida. La evidencia demuestra que esto es falso, y esta ideología obstaculiza la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Las políticas de libre mercado impuestas por las instituciones financieras internacionales han propiciado la acumulación de riqueza por parte de la élite a expensas de la mayoría. América Latina, Asia, África y el antiguo bloque soviético sufrieron la imposición de estas políticas por parte de los acreedores tras las crisis de deuda de los años 80 y 90. El resultado fue una creciente desigualdad económica y un aumento drástico de la pobreza, consecuencia directa de una redistribución de la riqueza en beneficio de los más ricos.
Reivindicamos un sistema económico justo que ponga al mercado al servicio del pueblo, y el fin de la ideología que exige recortes en el gasto público, desregulación, privatizaciones y exenciones fiscales para los ricos.
El mismo fundamentalismo de mercado que crea la brecha entre los más ricos y el resto también se basa en el patriarcado y lo afianza. Socava los derechos de las mujeres, logrando crecimiento económico a costa de una carga injusta de trabajo de cuidados no remunerado y salarios de miseria.
Durante años, los rostros de las trabajadoras con los empleos peor pagados, más precarios y peligrosos, desprotegidos por las leyes laborales, han sido los de mujeres y niñas. En todo el mundo, dedican horas semanales a labores de cuidados no remuneradas que generan miles de millones para la economía global, pero que a ellas no les reportan ningún ingreso. En lugar de reconocer y recompensar esta contribución, el fundamentalismo de mercado ha eliminado la licencia de maternidad remunerada, el cuidado infantil y la educación y la sanidad gratuitas.
Reivindicamos una economía justa que reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidados no remunerado, así como políticas sociales y económicas que inviertan en las mujeres y las niñas y las protejan.
El cambio climático es una crisis de desigualdad. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los más ricos están provocando cambios peligrosos en el clima que afectan con mayor dureza a los más pobres, ya que las inundaciones y las sequías diezman vidas y medios de subsistencia.
Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo anteponen los intereses de las corporaciones que se benefician del destructivo statu quo a los de la población. Gastan miles de millones de dólares de dinero público en subsidios a los combustibles fósiles en lugar de invertir en la transición hacia alternativas sostenibles. Mientras tanto, las empresas y las élites que se lucran con los combustibles fósiles utilizan las reglas del fundamentalismo de mercado para socavar el cambio hacia energías limpias y renovables. Las comunidades deben tener un interés directo en estas alternativas.
Reivindicamos la justicia climática, el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles y la reinversión del dinero público en alternativas sostenibles que protejan a las personas y al planeta.
La opresión de los trabajadores es una injusticia humana y una estrategia deliberada de las élites adineradas y las corporaciones para eliminar la oposición a un sistema que ofrece salarios cada vez más bajos a la mayoría, mientras las corporaciones obtienen ganancias récord y pagan salarios desorbitados a sus ejecutivos. El trabajo se ha vuelto cada vez más informal y precario, afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres.
Los sindicatos y la negociación colectiva ayudan a corregir este desequilibrio y a controlar la desigualdad, pero los trabajadores de todo el mundo sufren violaciones de sus derechos fundamentales y una represión de su derecho a organizarse. Para millones de personas, la consecuencia de oponerse a condiciones injustas es la pérdida total de sus ingresos y la persecución.
Reivindicamos los derechos laborales y el estado de derecho para todos los trabajadores —un salario mínimo vital, protección social, negociación colectiva y derecho a la huelga— y la debida diligencia obligatoria para las multinacionales.
El turbio mundo de los paraísos fiscales y el secreto bancario, junto con una política fiscal que beneficia a los ricos con recortes de impuestos y perjudica a los pobres con reducciones del gasto, son algunas de las consecuencias más corrosivas del fundamentalismo de mercado. Nuestra economía manipulada utiliza las mismas herramientas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones, pero con el fin de redistribuir el dinero hacia arriba, tanto dentro como entre países.
Los países han reducido la desigualdad de ingresos mediante decisiones fiscales y de gasto acertadas. Combatir la evasión fiscal de las multinacionales subsanaría las enormes carencias presupuestarias tanto de los países ricos como de los pobres. Sin embargo, mientras las grandes corporaciones y los más ricos dicten las normas fiscales, la desigualdad seguirá aumentando.
Reivindicamos impuestos sobre la riqueza, el capital y los beneficios de los más ricos, sistemas tributarios progresivos y el fin del secreto fiscal, los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos.
La destrucción del papel del Estado y la privatización de servicios como la sanidad y la educación se fundamentan en un dogma fundamentalista del mercado y en la creencia incuestionable de que los mercados deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida. Este afán por la privatización priva a la sociedad de las herramientas y la protección social necesarias para combatir los extremos más graves de pobreza y desigualdad.
La privatización fue un elemento clave en las políticas de ajuste estructural introducidas en las décadas de 1980 y 1990, que provocaron un aumento vertiginoso de la desigualdad en los países más pobres. Sin embargo, los gobiernos y los donantes siguen destinando miles de millones de dólares de fondos públicos a iniciativas privadas de salud y educación. Un sistema que permite a las empresas obtener enormes beneficios mientras los más pobres quedan excluidos del acceso a escuelas y hospitales no tiene cabida en una sociedad civilizada.
Hacemos un llamamiento a favor de Estados que proporcionen protección social para todos y sanidad y educación públicas gratuitas desde la cuna hasta la tumba, y para que se ponga fin a la privatización de los servicios públicos.
La lucha por la propiedad de la tierra representa la forma más antigua de desigualdad económica. Las élites adineradas, tanto en países ricos como pobres, utilizan su influencia política para obtener concesiones de tierras y subsidios. Mientras millones de personas pasan hambre, los inversores y la agroindustria obtienen enormes beneficios de las tierras arrebatadas a las comunidades más pobres, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores; tierras que utilizaban para alimentarse de forma sostenible y abastecer los mercados locales. La agroindustria es también uno de los principales responsables de la crisis climática.
Esta no es una lucha nueva, pero se ha visto acelerada por la creciente desigualdad, el fundamentalismo de mercado y la especulación con productos agrícolas. La riqueza en forma de tierra se está redistribuyendo hacia arriba, y los países pobres pierden vastas extensiones de tierra a manos de bancos e inversores privados.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que protejan los derechos sobre la tierra de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades, promuevan una redistribución deliberada de la tierra y regulen a los inversores y la agroindustria.
El rápido aumento de la desigualdad ha ido de la mano del debilitamiento de la democracia y del espacio para la sociedad civil. La connivencia entre las élites políticas y económicas ha erosionado la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en países de todo el mundo.
En este contexto, los discursos de odio, los ataques físicos, las desapariciones y los asesinatos son cada vez más frecuentes. Los ciudadanos que denuncian los abusos de poder y desafían el autoritarismo y el fundamentalismo de mercado se enfrentan a la difamación, la estigmatización, la detención arbitraria y la criminalización.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que salvaguarden la sociedad civil y protejan el derecho de todos los ciudadanos a expresarse, organizarse y actuar, y para que se ponga fin a la legislación que impide que la sociedad civil exija responsabilidades a los gobiernos.
En un mundo de ganadores y perdedores económicos, la culpa de la falta de oportunidades se suele atribuir a los migrantes y refugiados —víctimas del desplazamiento forzado— en lugar de a los gobiernos involucrados en conflictos y guerras o que impulsan políticas regresivas.
Los trabajadores migrantes suelen sufrir la peor discriminación, bajos salarios y empleos precarios sin igualdad de derechos. Los refugiados y desplazados sufren viajes peligrosos y el abandono en campamentos inseguros, ya que los países estables les niegan la entrada alegando que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades. En un mundo de abundancia, esto es inaceptable.
Garantizar los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades es el antídoto contra el miedo y la xenofobia en un mundo donde la confianza se está desmoronando: entre las personas, entre las naciones y entre las personas y sus gobiernos.