Jessica prestará declaración el miércoles 11 de octubre, de 09:30 a 15:30 (hora de Casablanca), ante el Tribunal Global Alternativo Popular sobre el FMI y el Banco Mundial en Marrakech, Marruecos. Véalo en directo a través de Facebook.
El debate sobre el neoliberalismo y la austeridad se desarrolla en las salas de reuniones cerradas del Capitolio de Malawi, donde los ministros de Finanzas y Planificación Económica, junto con los titulares del Banco de la Reserva, la Oficina del Presidente y el Gabinete, y el Comité Nacional de Planificación, se reúnen con el Presidente de Malawi para analizar el futuro económico del país. Estas reuniones van seguidas de sesiones parlamentarias donde se debate el presupuesto nacional, y las transcripciones de las conversaciones resultan inaccesibles para el público.
Quizás por eso el impacto de la austeridad ha tardado tanto en incorporarse al debate de la sociedad civil, o quizás se deba a que Malawi ha sufrido una devastación generalizada en los últimos años: crisis política, económica, climática y de salud pública. Independientemente de las motivaciones, para la recuperación del país es fundamental que este diálogo continúe y priorice el bienestar de la población.
Para contextualizar el papel de las instituciones financieras internacionales (incluidos el Banco Mundial y el FMI) en el destino de la economía de Malawi, debemos comprender dónde, cuándo y por qué el Gobierno de Malawi llegó a construir una relación cada vez más tóxica que ha devastado los servicios públicos del país y, en última instancia, el bienestar de la población.
Malawi firmó acuerdos con el FMI y el Banco Mundial durante la década de 1980 y principios de la de 2000. Esto se debió a la vulnerabilidad del país tras la crisis económica. Siguiendo las recomendaciones del FMI, el gobierno comenzó a implementar Programas de Ajuste Estructural (PAE). Estos PAE incluyeron la reducción del gasto público en servicios esenciales, como educación y salud, y especialmente recortes y reducción de subsidios en el sector agrícola, lo que provocó una crisis alimentaria a principios de la década de 2000.
Los SAP se introdujeron como condiciones para los préstamos y, en la actualidad, se les denomina "medidas de austeridad" o "medidas de disciplina fiscal", a menudo y en su mayoría recomendadas por las IFI.
Con el paso de los años, las condiciones de los préstamos han aumentado gradualmente y su terminología ha cambiado. Hasta la década de 1980, el Fondo se centró principalmente en criterios macroeconómicos como la reducción del presupuesto, la política monetaria restrictiva y la gestión del tipo de cambio.
Actualmente, Malawi tiene una economía principalmente agrícola, y si bien el sector agrícola es progresista y altamente rentable, dista mucho de ser suficiente para sostener la economía del país. Por lo tanto, la economía también depende de los ingresos internos a través del sistema tributario, la ayuda de donantes y la deuda con instituciones financieras internacionales para cubrir las necesidades económicas del país.
Debido a la reducción de la financiación del sector sanitario, el presupuesto de atención médica se ha reducido de forma constante, lo que ha perturbado la prestación de servicios, especialmente en lo que respecta a la provisión y el mantenimiento de los servicios de salud pública.
Desde la perspectiva de la prestación de servicios públicos, la introducción de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) obligó al Estado a implementar recortes en la masa salarial del sector público, así como la congelación de contrataciones. En el sector sanitario, esto ha provocado una grave escasez de personal en los hospitales, con la consiguiente pérdida de muchas vidas.
Al mismo tiempo, debido a los recortes presupuestarios, apenas hay fondos suficientes para comprar medicamentos y equipos; por lo tanto, los pacientes son enviados a farmacias privadas para adquirir medicamentos que muchos no pueden costear. En los casos más graves, los pacientes duermen en el suelo por falta de camas. Esto es especialmente perjudicial en las salas de maternidad de los hospitales públicos, como el Hospital Central Kamuzu y el Hospital Bwaila, donde las mujeres dan a luz en los pasillos, esperando a que se desocupen camas.
Desde la perspectiva de la política fiscal, se ha observado un aumento en la implementación de políticas tributarias regresivas, con especial énfasis en el IVA sobre bienes de consumo y medicamentos, lo que afecta la asequibilidad. Esto incluye impuestos sobre los kits de higiene menstrual. Esta situación ha sido particularmente crítica en el contexto de la pandemia mundial y las subsiguientes crisis de salud pública que afectaron a Malawi (cólera y poliomielitis).
Para paliar la devastación causada por la serie de crisis económicas y los impactos derivados de la imposición de las IFI, es hora de que el Gobierno de Malawi preste atención a los consejos de los expertos y las OSC, y que, en primer lugar, avance hacia una economía del bienestar feminista y un sistema tributario progresivo que apoye la movilización de recursos para financiar servicios esenciales mediante la imposición de impuestos a las corporaciones multinacionales.
En segundo lugar, debemos renegociar la mentalidad colonial de las instituciones financieras internacionales, que priorizan el crecimiento económico sobre el bienestar de la población. Estas recomendaciones deben centrarse en los derechos del pueblo, tal como se estipula en la Constitución de Malawi, como derechos y reivindicaciones, no como privilegios reservados a entidades como el FMI.