Faith dará testimonio el miércoles 11 de octubre, de 09:30 a 15:30 (hora de Casablanca), en el Tribunal Global Alternativo de los Pueblos sobre el FMI y el Banco Mundial en Marrakech, Marruecos. Véalo en directo a través de Facebook.
En una remota zona llamada Isla Bugala, en el distrito de Kalangala, Uganda, las comunidades reciben la noticia de que su área ha sido seleccionada por el Gobierno de Uganda para la construcción de una gran fábrica. Reciben la noticia con gran entusiasmo debido a las promesas de electricidad, mejores carreteras e infraestructura para el transporte fluvial, un hospital, mejores escuelas e incluso empleos para los jóvenes. Poco sabían que esto sería el comienzo de una pesadilla interminable. Que sus hijos perderían sus tierras y su patrimonio, y que sus hijos con discapacidad visual, o los adultos que conocían a la perfección los límites de sus hogares y huertos, tendrían que aprender a orientarse de nuevo.
El proyecto Kalangala Oil Palm Uganda Limited (OPUL) se inició en 1998 como una asociación público-privada (APP) por el Gobierno de Uganda, con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El objetivo del proyecto era impulsar el desarrollo en uno de los distritos más remotos y pobres de Uganda. Existe un vínculo directo entre el proyecto patrocinado por la Institución Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, BIDCO Africa Limited, BIDCO Uganda Limited y OPUL. BIDCO Africa Limited es un accionista importante de BIDCO Uganda, que posee el 90 por ciento de Oil Palm Uganda Limited (OPUL).
Esta empresa adquirió más de 40.000 hectáreas de bosque natural, 10.000 de ellas en las islas Kalangala del lago Victoria, para establecer plantaciones de palma aceitera. Hasta la fecha, muchas comunidades siguen exigiendo una compensación por las tierras que les fueron arrebatadas. Además, estas comunidades, en particular las mujeres y los jóvenes, no se beneficiaron de la escasa compensación recibida, ya que no poseían ni controlaban ninguna tierra. Siguen enfrentándose al desempleo, puesto que los empleos prometidos nunca se materializaron; a la inseguridad alimentaria, debido a los efectos en la producción de alimentos por la pérdida de tierras; a la inseguridad derivada del aumento del número de desempleados y personas pobres; y al incremento de la prevalencia del VIH/SIDA, especialmente a medida que la población ha aumentado debido a que la empresa ha traído personas de fuera del distrito y de todo el país para trabajar en las plantaciones y la industria.
Los relatos de mi narración se centrarán en los impactos específicos que este proyecto financiado por el Banco Mundial ha tenido en la población del distrito de Kalangala, en particular el aumento del desempleo y las precarias condiciones laborales de las pocas personas empleadas. En 2018, me interesé por este caso y, especialmente, por la difícil situación de las mujeres que trabajaban en las plantaciones y la fábrica. Algo era evidente: las precarias condiciones laborales en las que trabajaban. Ganaban menos de un dólar al día, no tenían acceso a la baja por maternidad, ya que cada día de trabajo perdido significaba perder un día de salario, carecían de equipo de protección, lo que les causaba daños permanentes en el cuerpo, y se veían obligadas a compartir vivienda con hombres. Sí, cuando una joven llegaba a la empresa, se le pedía que eligiera a un hombre con quien convivir. Esto se hacía para reducir la presión sobre la vivienda en la fábrica. Aunque estas mujeres formaban parte de un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Bebidas, Tabaco y Afines de Uganda, este sindicato, que tenía su sede en una oficina en las instalaciones de la empresa, tenía las manos atadas. Su capacidad para exigir responsabilidades a la empresa se veía limitada por este hecho, ya que el líder sindical era frecuentemente amenazado por la compañía por incitar a la rebelión entre los trabajadores cada vez que intentaban emprender alguna acción. Además, dado que el líder también era empleado de la empresa, en calidad de supervisor, su lealtad estaba con la empresa y no con los trabajadores.
La falta de rendición de cuentas del Banco Mundial ha provocado que incluso la Oficina del Defensor del Pueblo para el Cumplimiento Normativo (CAO) resulte ineficaz, especialmente para las poblaciones afectadas por proyectos financiados por el brazo privado del Banco. En cambio, el Banco ha buscado perpetuar el legado del imperialismo, el colonialismo, la extracción y la explotación, esta vez a través del sector privado y las élites gubernamentales. Han financiado el saqueo de las comunidades, destruyendo así nuestro tejido social y nuestro ecosistema.
Irónicamente, el Banco Mundial se describe a sí mismo como una institución que trabaja para la reducción de la pobreza. Reconocer esto implica que, independientemente de sus acciones, ya sean directas o indirectas, las personas pobres son vulnerables y, dadas las desigualdades de poder que existen en su contra, el Banco Mundial debe asumir la responsabilidad de abordar o evitar los efectos adversos de sus proyectos sobre las personas pobres. En este sentido, el Banco Mundial debe:
- Adoptar mecanismos de debida diligencia que prioricen los derechos y las necesidades de las comunidades en las que se implementan los proyectos.
- Trabajar directamente con los gobiernos y el liderazgo del sector público en la ejecución de proyectos de impacto social.
- El proceso de evolución debe orientarse a ampliar el compromiso y la rendición de cuentas del Banco en materia de género y derechos humanos de las mujeres, para incluir los derechos humanos en general, e incorporar obligaciones estrictas en todos sus departamentos.
- Exigimos el apoyo inequívoco al proceso para establecer el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, con el fin de fortalecer la responsabilidad corporativa de todas las empresas.